Obra pública: los fiscales pedirán las penas para cada imputado

Por primera vez un vicepresidente en ejercicio recibirá un pedido de condena por hechos de corrupción. Es el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio que se le sigue desde 2019 ante el Tribunal Oral Federal 2, por irregularidades en el otorgamiento de obra pública al empresario santacruceño Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

Desde distintos sectores del oficialismo ayer domingo salieron a apoyar y solidarizarse con la expresidenta asegurando que este juicio es producto del lawfare- que los fiscales en la última audiencia dijeron que no existe- y que el Poder Judicial se alinea con los poderosos para perseguirla. 

Como ya hemos contado, la Oficina Anticorrupción desistió de su rol de querellante antes de su exposición y la Unidad de Información Financiera, que mantuvo su rol, decidió solicitar la absolución de todos los acusados por los delitos de asociación ilícita y defraudación al entender que a esta altura del proceso “hay más dudas que certezas y que sería irresponsable avanzar en una acusación”.

Pero luego de haber trabajado con gran hermetismo durante la feria de invierno, la fiscalía a cargo de Diego Luciani, quien preparó su alegato junto al fiscal Sergio Mola, el 1 de agosto comenzó con la primera de nueve audiencias donde la expectativa era si pediría o no condenas puesto que era el único acusador que quedaba. 

Aquella primera jornada los fiscales dejaron en claro que “este Ministerio Público Fiscal, a diferencia de la UIF, tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz”.

Luego, a través de cada una de las audiencias fueron mostrando pruebas en relación a las 51 licitaciones otorgadas a Báez como también mensajes clave que había dentro del teléfono de José López, ex secretario de Obra Pública durante el kirchnerismo -secuestrado y peritado en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito-. 

Esta mañana desde las 8.30, ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el Ministerio Público Fiscal en su novena y última jornada realizará su pedido de condena sustentado en lo expuesto en cada una de las audiencias. 

En la jornada del viernes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola manifestaron que “se ha constatado con certeza que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el arquitecto Julio de Vido, el ingeniero José López, el ingeniero Nelson Periotti y Lázaro Báez, respectivamente, instauraron una matriz de corrupción en la contratación pública y tomaron parte de ella".

Asimismo Diego Luciani afirmó que “esta asociación permaneció, de manera sostenida e ininterrumpida, a lo largo de 12 años; se dedicó a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos. Formaron e integraron una organización criminal destinada a la comisión de delitos".

Para el fiscal, “es claro que el expresidente Néstor Kirchner, la expresidenta Cristina Fernández, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, concertaron su voluntad para implementar una organización que permitiera alcanzar el objetivo buscado: sustraer fondos públicos millonarios, por medio de una defraudación al Estado Nacional, al menos a través de la aparente licitación y ejecución de la obra pública vial en Santa Cruz”. 

Finalmente en otro apartado de su alegato, la fiscalía consideró que se trató de una “organización criminal conformada por el conjunto de funcionarios, con la intervención de privados, con entidad suficiente para corromper todos los estamentos del poder y para perjudicar fuertemente, no solo el erario, sino la imagen de probidad que la función pública debe reflejar en la ciudadanía”. En tal sentido señaló que fue “una estructura capaz de desarrollar un estado paralelo al margen de la ley”.

Se espera un duro pedido de penas para los imputados pero en especial para la vicepresidenta de quien adelantaron en la última audiencia “ha quedado demostrado que es la jefa de una asociación ilícita”.