Por qué hay controversia con la modificación de la Ley de Glaciares
La controversia por la modificación de la Ley de Glaciares (N° 26.639) surge del debate entre proteger recursos hídricos clave y habilitar proyectos mineros en zonas periglaciares. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca redefinir áreas protegidas y dar más poder a las provincias, generando fuerte oposición ambiental y científica.
Cambios Propuestos
El proyecto reduce la protección automática de glaciares menores a una hectárea o de duración inferior a dos años, reemplazando prohibiciones absolutas por evaluaciones de impacto ambiental. Delega a las provincias la facultad de delimitar zonas periglaciares y proponer cambios al Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA), facilitando minería en áreas como San Juan (proyectos Josemaría, Pachón).
Argumentos del Gobierno
Se argumenta que la ley actual genera "inseguridad jurídica" para inversiones, paralizando megaminería que podría crear hasta un millón de empleos y fomentar desarrollo económico en provincias andinas. El debate en el Senado está previsto para sesiones extraordinarias de febrero 2026, tras dictamen en comisiones.
Oposición Ambiental y Científica
Organizaciones como FARN, Vida Silvestre y la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente rechazan la reforma por ilegal e inconstitucional, ya que viola presupuestos mínimos ambientales de la Constitución y pone en riesgo el agua dulce (solo 0,21% del territorio protegido actualmente). Alertan sobre impacto en cuencas hídricas de San Juan y movilizaciones locales contra la megaminería.
Impacto en San Juan
En San Juan, asambleas como Agüita Pura y legisladores peronistas dividen opiniones: algunos apoyan por empleo minero, otros temen pérdida de nieve que alimenta ríos como el Tulúm. La reforma podría habilitar exploración en cordillera, clave para el ciclo hídrico provincial.
