La modificación de la Ley de Glaciares se llevará a cabo durante las sesiones extraordinarias

La modificación de la Ley de Glaciares en Argentina será tratada durante las sesiones extraordinarias del Congreso que comenzaron el lunes 2 de febrero de 2026, en el marco de un temario impulsado por el Gobierno nacional.

El proyecto para reformar la Ley de Glaciares (Ley 26.639), que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, forma parte de los temas incluidos en el llamado a sesiones extraordinarias, junto con otros asuntos como la reforma laboral y acuerdos internacionales.

Según informes periodísticos, el debate específico sobre la modificación de la Ley de Glaciares en el Senado podría comenzar alrededor del 10 de febrero de 2026, aunque la fecha puede ser ajustada dentro del calendario de sesiones.

El proyecto propuesto busca redefinir criterios de protección sobre los glaciares y las áreas periglaciales, otorgando mayor potestad a las provincias sobre sus recursos, lo que ha generado un amplio debate entre oficialismo, oposición y organizaciones ambientalistas.

Argumentos a favor de modificar la Ley de Glaciares

Seguridad jurídica y claridad normativa

• El Gobierno sostiene que la ley vigente es demasiado vaga en la definición de lo que protege (especialmente en torno al “ambiente periglacial”) y genera inseguridad jurídica para inversiones productivas. Por eso propone aclarar y precisar criterios técnicos para que no haya interpretaciones arbitrarias.

Federalismo ambiental y competencias provinciales

• La reforma busca fortalecer el federalismo ambiental, otorgando a las provincias mayor potestad técnica para decidir qué zonas deben protegerse y cómo evaluar proyectos, alineándose con lo establecido en la Constitución.

Desarrollo económico y minería

• Uno de los ejes es permitir que proyectos mineros y de otros sectores productivos en regiones cordilleranas (litio, cobre, etc.) se desarrollen bajo estándares claros sin quedar bloqueados por interpretaciones amplias de la ley actual.

• Se argumenta que esto puede generar inversiones, empleo y crecimiento económico en provincias con alta actividad minera.

Enfoque en protección crucial

• Hay propuestas para que la protección siga, pero focalizada en los glaciares con relevancia hídrica estratégica, en vez de abarcar amplias áreas sin función hídrica clara, según quienes apoyan el cambio.

• Argumentos en contra de la modificación
• Riesgo de retroceso en la protección ambiental

• Organizaciones ambientalistas argumentan que reducir las zonas protegidas o flexibilizar criterios constitucionales debilita la protección de reservas de agua dulce, algo crítico en un contexto de crisis climática y escasez hídrica creciente.

 Principio precautorio y función de los glaciares

• La ley vigente protege no solo los glaciares visibles, sino también el ambiente periglacial, que incluye suelos congelados clave para regular caudales, y advierten que excluir o relajar esto puede poner en riesgo fuentes de agua a largo plazo.

Discrecionalidad y científica vs. política

• Críticos señalan que la reforma trasladaría decisiones técnicas (basadas en inventarios y ciencia) hacia procesos más discrecionales y sujetos a presión política o económica, debilitando el papel de organismos especializados.

Inconstitucionalidad y riesgos jurídicos

• Algunos grupos plantean que la modificación violaría principios de protección ambiental constitucionales (como el principio de no regresión ambiental) y podría generar litigios.

Impacto sobre cuencas hídricas integrales

• El argumento ambiental también destaca que los glaciares y periglaciares no sólo importan localmente, sino que alimentan cuencas que atraviesan múltiples provincias, por lo que una protección uniforme a nivel nacional es crucial.

Resumen del debate político

El oficialismo (particularmente La Libertad Avanza y gobernadores de provincias mineras) impulsa cambios para fomentar inversiones y dar mayor claridad y autonomía provincial, mientras que la oposición y organizaciones ambientales buscan mantener el nivel de protección actual por su importancia para el agua, la biodiversidad y la estabilidad ecológica.