La Iglesia cruzó al gobierno de Milei por la baja de imputabilidad

La Iglesia cruzó al gobierno de Milei por la baja de imputabilidad

La Baja de la edad de imputabilidad penal que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en agenda, la Iglesia Católica Argentina, cruzó a la administración libertaria y expresó su firme rechazo a la iniciativa que busca reducir de 16 a 14 años la edad de punibilidad.

Fue a través de la voz de Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social, que la Iglesia marcó la diferencia con el gobierno de Javier Milei al afirmar: "No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz", sentenció el obispo.

Las declaraciones del referente eclesiástico se dan en el marco de la reunión plenaria de comisiones en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará obtener dictamen favorable para el proyecto, gracias a un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, el MID y bloques aliados. Si bien la propuesta original del Gobierno planteaba los 13 años como nuevo umbral, el texto consensuado finalmente se inclina por los 14.

El Monseñor Braida enfatizó que la respuesta a la problemática de la delincuencia juvenil no puede ser meramente punitiva. "Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves", explicó en una entrevista con Infobae. "No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención", agregó.

Desde la Iglesia advirtieron sobre las consecuencias negativas de encarcelar adolescentes, señalando que "lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas". Braida reiteró con firmeza: "Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz". El obispo también alertó sobre las "deficiencias estructurales" del sistema actual, coincidiendo con legisladores que señalan la falta de lugares adecuados para la detención de menores.