El oficialismo negocia con la oposicion una nueva ley de tierras por separado del DNU 70
El Gobierno busca preservar el decreto de desregulación económica y abrir una negociación legislativa específica sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La discusión se da en medio de la disputa parlamentaria y de un nuevo fallo de la Corte Suprema.
El oficialismo negocia con bloques de la oposición dialoguista una alternativa legislativa para establecer límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, con el objetivo de separar esa discusión del rechazo integral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei.
La estrategia fue expuesta por la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, quien defendió la continuidad del decreto y sostuvo que una derogación completa podría afectar otras medidas que el Gobierno considera beneficiosas. La propuesta busca canalizar el debate sobre la propiedad de tierras mediante una ley específica, en lugar de poner en discusión todo el paquete de reformas.
Una negociación clave en el Congreso
La discusión se desarrolla en un escenario de tensión parlamentaria. Sectores opositores convocaron a una sesión especial para el 15 de octubre con la intención de avanzar contra el DNU 70/2023, además de tratar otros asuntos de relevancia social.
Frente a esa iniciativa, La Libertad Avanza busca acercar posiciones con los bloques dialoguistas y ofrecer una alternativa sobre la Ley de Tierras que permita sostener el resto del decreto.
En los días previos, el oficialismo había evaluado reincorporar restricciones a la compra de tierras extranjeras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se encuentra en tratamiento legislativo. Sin embargo, la estrategia quedó atravesada por los cambios en el escenario judicial.
El fallo de la Corte Suprema
El viernes 9 de octubre, la Corte Suprema de Justicia dispuso suspender provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
La medida restableció temporalmente las restricciones previstas en la normativa anterior, entre ellas el límite del 15% de tierras extranjerizadas por provincia y el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo agrícola.
El tribunal no resolvió de manera definitiva la constitucionalidad de la derogación, sino que adoptó una medida cautelar mientras continúa el proceso judicial.
Qué puede pasar con la Ley de Tierras
La decisión judicial modificó el panorama político. Mientras el Gobierno busca evitar que la discusión sobre las tierras derive en la caída de todo el DNU, la oposición sostiene que las restricciones deben contar con una solución jurídica estable y no depender exclusivamente de medidas cautelares.
Por el momento, la negociación legislativa continúa abierta y no hay una definición definitiva sobre el contenido de una nueva ley ni sobre los acuerdos necesarios para aprobarla.
El resultado de las conversaciones será determinante para conocer si el oficialismo logra tratar las restricciones a la compra de tierras por separado y mantener vigente el resto del decreto, o si la disputa vuelve a concentrarse en el recinto de la Cámara de Diputados.
